El gobierno de Panamá promulgó el 11 de Noviembre de 2021 la ley 254, la cual introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal y prevención de blanqueo de capitales.  Esta ley se divide en tres puntos principales; Registros Contables, Debida Diligencia y el Sistema Único de Beneficiarios Finales.

Aunque ya existía la obligación de todas las sociedades y fundaciones panameñas con operaciones o activos fuera de Panamá, de mantener registros contables y documentación de respaldo, la reciente ley endurece estos requisitos, y obliga a la personas jurídica a enviar al menos una copia al agente residente cada año de dichos registros contables y documentación de respaldo y otorga obligaciones de reporte al agente residente para informar a las autoridades panameñas qué entidades están cumpliendo con dicho requisitos y cuales no están en cumplimiento.